UN ESPECIAL DERÍOS DOMINICANOSCAUDALES EN AGONÍASus aguas se apagan ante los ojos del país, pese a los planes y las millonarias inversiones que prometen rescatarlas

La distancia entre los planes y el agua

Mientras corren los planes y proyectos, en Bonao, Valentín Ramírez recuerda un Yuna cristalino y arbolado. Ahora ve un cauce desgastado, camiones que entran a diario y un vertedero a 400 metros de la orilla que empuja basura al agua.

En La Vega, el río Verde ya casi no fluye. «Aquí había charcos en los que uno no se atrevía a tirarse, pero ahora es un arroyo», lamenta Idalio Moronta, de 79 años. A su lado, líderes comunitarios recuerdan cómo advirtieron por años sobre la extracción de arena y la deforestación sin que llegara ayuda. Las sanciones, dicen, «se volvieron un tributo al delito».

En la provincia Espaillat, una mujer grita al ver al equipo de Diario Libre: «¡Hay que hacerle un límite al río! ¡Todo el mundo tira basura!». En el río Moca, lo que circula ya no es agua sino desechos cloacales. Fundas plásticas, neumáticos y sofás se mezclan con los residuos porcinos que bajan principalmente desde Jamao y El Mogote. Ese veneno se escurre hacia los ríos Licey y Camú.

En el tramo que une La Vega y Espaillat, el Licey pasa oscuro y hediondo. En la ribera, se vierten desechos de criaderos de cerdos y el hedor es comparable al de una letrina saturada.

En Santiago, el Yaque del Norte tampoco escapa. Quienes conocieron el «Yaque dormilón» hablan de un río donde las familias se bañaban sin miedo. Hoy, lo que corre recibe aguas residuales e industriales; de cada seis metros cúbicos que consume la ciudad por segundo, 4.5 vuelven al cauce sin tratamiento.

En el Isabela el contraste es brutal: un río pestilente convive con pequeños balnearios improvisados. Aquí, familias se bañan en manantiales cercanos sin meditar que, pocos kilómetros más arriba, los lixiviados del inmenso vertedero de Duquesa desembocan en el mismo cauce que termina abrazándose con el río Ozama en un mismo olor nauseabundo.

Más al sur, en lo que fue el inmenso río Haina, en un tramo hoy fluye apenas un hilo de agua. El lecho está destruido, cubierto de basura y sin peces que sobrevivan. Entre las piedras, los huevos rosados del dañino caracol manzana proliferan sin control.

A su paso por el municipio Los Alcarrizos, decenas de granceras levantan montañas de arena a pocos metros del cauce de Haina, mientras en Villa Altagracia el arroyo Novillero se volvió una cañada de aguas negras.

«Usábamos su agua para todo —recuerda Félix Sepúlveda, agricultor de Pedro Brand—, pero desde hace tiempo tuvimos que hacer pozos y comprar botellones para beber». Rufino Henríquez, en cambio, extraña los saltos desde una barranca hacia el charco donde ahora solo hay basura.

El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Francisco Contreras, ha reconocido la necesidad de fortalecer la persecución de los crímenes ambientales a través de una mayor coordinación con las entidades destinadas al resguardo de los recursos naturales.

Su objetivo es llevar ante los tribunales casos que culminen con sentencias condenatorias, como el año de prisión suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos impuestos en el 2024 al propietario de una compañía y a su empresa por el vertido de desechos en las aguas del río Licey.

Pero además de la contaminación, el procurador ha advertido que a la extracción de agregados en las cuencas estarían migrando personas vinculadas a otras actividades ilícitas, al considerar que este negocio ilegal les permite lavar dinero con mayor facilidad.

En enero del 2025, el presidente Luis Abinader indicó que la explotación ilegal de agregados «se parece casi al narcotráfico». «Es un negocio muy delicado y lo estamos combatiendo», afirmó.

En el país se prohibió la extracción de arena y grava en los lechos y las llanuras de inundación de los ríos para evitar su degradación. No obstante, se permitió una excepción: la canalización en zonas donde los cauces representan riesgo para comunidades o infraestructuras. Solo pueden ejecutarla instituciones estatales autorizadas, y los materiales obtenidos deben usarse en la misma obra, sin fines de venta. En la práctica, se irrespeta.

El Ministerio de Medio Ambiente emitió más de 440 sanciones administrativas entre el 2023 y el 2024, en contra de infractores de las normas ambientales. La más costosa se impuso en mayo del 2024, por 20.4 millones de pesos, a una empresa de agregados.

La política que intenta alcanzar al río

El país está dividido en seis regiones hidrográficas: Yaque del Norte, Atlántica, Yuna, Este, Ozama–Nizao y Yaque del Sur. La demanda de agua para consumo humano, turístico e industrial supera los 1,200 millones de metros cúbicos anuales, concentrada en las regiones Ozama–Nizao y Yaque del Norte. Pero la disponibilidad es desigual y muchas cuencas están sobreexplotadas.

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