La reforma policial sigue dando vueltas en comisiones del Congreso

Por segunda vez consecutiva, el Congreso estudiará el proyecto de la reforma policial, pero en esta oportunidad con un obstáculo que frenaría el avance de la pieza: la propuesta será estudiada al mismo tiempo en dos comisiones distintas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Cuando el proyecto original perimió, se había estudiado primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Pero ahora, la Cámara de Diputados decidió enviar el proyecto al estudio de una comisión, un proceso que también hizo la Cámara Alta. Esto significa que la propuesta se estudia paralelamente.

Esa falta de sintonía técnica se produce a pesar de que el Reglamento de la Cámara de Diputados contempla herramientas explícitas para coordinar debates de alta trascendencia nacional.

El marco regulatorio establece la opción de las comisiones bicamerales, que tienen como función principal «procurar la conciliación de la posición divergente de ambas cámaras respecto a las iniciativas legislativas».

Diferencias entre comisiones

Sin embargo, en lugar de unificar los trabajos en una sola comisión compuesta por diputados y por senadores para avanzar de mutuo acuerdo, cada ala del Congreso ha optado por esquemas de trabajo independientes y con metodologías muy distintas.

Por un lado, la Cámara de Diputados remitió la iniciativa a su Comisión Permanente de Interior y Policía, la cual tiene una competencia especializada en temas de orden público, seguridad ciudadana y el régimen administrativo de las provincias.

Por el otro lado, el Senado prefirió derivar el proyecto a una comisión especial que reglamentariamente posee un carácter excepcional y transitorio, creada específicamente para un cometido único.

Esta disparidad metodológica expone al proyecto a un evidente riesgo que provocaría que ambas cámaras aprueben textos diferentes e incompatibles entre sí.

De ocurrir esto, el trámite legislativo se vería obligado a entrar en una fase de enmiendas y modificaciones cruzadas.

Ante el cruce de propuestas, el diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía, señaló que la propuesta de la Cámara de Diputados debería ser la prioridad ya que allí fue donde la iniciativa perimió en la legislatura pasada.

«Debería de ser, porque nosotros presentamos el mismo proyecto que había hecho el Senado, pero ahora se le van a hacer modificaciones«, respondió el diputado.

Contenido de la reforma

De su lado, el senador Franklin Romero, proponente del proyecto de la reforma policial en la Cámara Alta y quien preside la comisión especial que lo estudiará, expresó que el Congreso «debería evaluar un mecanismo» para avanzar con el proyecto, aunque favoreció que el Senado encabece la discusión ya que durante siete meses fue allí donde se escucharon a todos los sectores vinculados a la iniciativa.

La reforma modifica la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional y plantea cambios en la organización y funcionamiento de la institución, así como en la carrera policial, la formación de los agentes y la regulación del uso de la fuerza.

También contempla nuevas categorías dentro de la Policía y mecanismos para fortalecer los controles internos y la profesionalización de sus miembros.

Entre las novedades planteadas se encuentra la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial y de disposiciones relacionadas con los derechos, el bienestar y las compensaciones de los agentes. La propuesta también busca limitar la prestación de servicios policiales en instituciones del Estado, salvo determinadas excepciones.

Con las comisiones de ambas cámaras apoderadas y trabajando de forma paralela, la reforma policial entra en un complejo laberinto de doble análisis. La propuesta tiene un plazo de dos legislaturas para aprobarse o, de lo contrario, perimiría otra vez.