El costo de cerrar Duquesa no es solo económico. El negocio que surgió alrededor del vertedero, y que sobrevive gracias a su propia informalidad, ha frenado el surgimiento de iniciativas del reciclaje de los desechos, en un país que lleva años intentando definir una normativa para manejar los residuos sólidos de forma sostenible.

Cerrar el vertedero cuesta casi lo mismo que se gastó en ponerlo en marcha hace ya 24 años: 4 millones de dólares, equivalentes a unos 220 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero los negocios informales que nacieron a partir de Duquesa para los buzos, los recicladores informales de residuos y hasta para los comercios superan los 273 millones de pesos anuales, según reveló una consultoría que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace menos de un año.

Sin embargo, aunque cerrarlo sea costoso y el gobierno haya tenido que acceder a un préstamo del multilateral para lograrlo, también representa una sangría de recursos para los ayuntamientos, sin contar con los efectos sanitarios que tiene un vertedero a cielo abierto.

Entre todos pagan alrededor más de 133 millones de pesos cada año por el uso de un vertedero que funciona en condiciones precarias. Claro, unos pagan más que otros y depende de la cantidad de residuos sólidos que generen. Despachar los desechos a Duquesa le cuesta unos 163 pesos por tonelada a los ayuntamientos, según lo acordado entre la comisión que lo maneja y los gobiernos locales.

Al ser el Distrito Nacional la zona más poblada de las que despachan residuos al vertedero, el gasto es mayor: paga unos siete millones de pesos mensuales por las toneladas de basura que envía. Mientras tanto, el ayuntamiento de Santo Domingo Este desembolsa cada mes 3.5 millones de pesos y el de Santo Domingo Oeste 500,000 pesos mensuales. Hasta los ayuntamientos de Los Alcarrizos y el de Pantoja envían sus residuos a Duquesa, por los que pagan 115,000 pesos al mes de sus presupuestos entre ambos. Santo Domingo Norte no paga porque es en su territorio que está asentado el vertedero.

Para los ayuntamientos de la capital la carga financiera de llevar la basura a Duquesa es pesada. La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) calcula que los gobiernos locales de Santo Domingo invierten más del 60 % de sus presupuestos en la recolección de los desechos sólidos, en un servicio por el que pocos pagan.

El potencial que no se alcanzó

Cuando se habilitó Duquesa no estaba entre los planes que se convirtiera en un asunto de salud pública. Se planificó con la intención de que, en lugar de un vertedero, fuera un relleno sanitario, con lo que el impacto ambiental habría sido controlado y distinto. Hubo hasta proyectos para convertir el vertedero en una fuente de energía eléctrica, a través del uso del metano de la basura, pero tampoco avanzó. Sobre este aspecto, el contrato de administración con Lajun Corporation, la empresa que manejaba Duquesa hasta que una sentencia legal le quitó el control, llegó a ser reformulado para que se desarrollara el plan de biogás, que debió entrar en funcionamiento hace casi cinco años.

Pero los frenos a esas iniciativas no solo han llegado de la mano de condiciones incumplidas por parte de la empresa que controló por años el vertedero antes de que las autoridades asumieran su manejo. Hay obstáculos legales: el Congreso Nacional lleva ochos años con la tarea pendiente de aprobar una Ley de Manejo de Residuos Sólidos, que plantea todo un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento que se le da a los desechos en el país. Varios sectores han intentado en vano presionar para que se promulgue el instrumento legal que daría paso a una cultura del reciclaje y a un gestión más sana en el manejo de la basura en el país.