El Gobierno volvería a superar en 2027 el límite de crecimiento del gasto primario establecido por la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, según un análisis del vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, solicitado por HOY.

El economista explica que la ley permite que el gasto primario crezca hasta la inflación esperada más tres puntos porcentuales. Con una inflación proyectada de 4.5% para 2027, el límite sería 7.5%.

Sin embargo, al comparar el presupuesto de 2026 con el proyecto de 2027, el economista estima un aumento del gasto primario del Gobierno Central de 9.3%, dos puntos por encima del tope legal.

Aunque la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) aún no ha publicado las cifras actualizadas del Gobierno General Nacional tras la reformulación presupuestaria de 2026, Collado Di Franco sostiene que, incluso incorporando los RD$40,978.3 millones adicionales, el resultado apuntaría igualmente a un incumplimiento de la regla fiscal.

El análisis señala que las excepciones previstas en la Ley 35-24 tampoco parecerían aplicables, debido a que la deuda pública continúa alrededor de 47% del PIB y las necesidades de financiamiento siguen aumentando.

Explica que la normativa permite apartarse de la regla cuando existe un incremento permanente de los ingresos compatible con la meta de reducir la deuda al 40% del PIB en 2035.

Asimismo, el economista considera que no están presentes las circunstancias extraordinarias que permitirían suspender la regla fiscal, como una recesión, una perturbación grave del orden económico, social o medioambiental, una calamidad pública o un estado de excepción.

La ley contempla además un régimen de sanciones por incumplimiento. Plantea incorporar una regla de déficit público para fortalecer el marco fiscal. Considera que controlar el gasto no basta para contener el endeudamiento del Estado.

Sugiere que la Ley 35-24 debe ser fortalecida con una regla de déficit público, ya que controlar solo el crecimiento del gasto no evita que el Estado recurra de manera persistente al financiamiento para cubrir déficits, intereses y amortizaciones de deuda.