En estos seis años de gobierno del presidente Luis Abinader, cerca de 10 funcionarios, cuyos registros de proveedores acaban de ser suspendidos, ganaron no menos de RD$60 millones en contratos con el Estado después de asumir sus cargos, gracias a que la antigua norma que lo permitía fijó un tope que el propio órgano rector no podía combatir.

Este medio exploró y constató distintas fuentes con los nombres de los funcionarios y las empresas suspendidas a las que se les vincula, para conocer qué tanto se habían beneficiado y si realmente estaba declarada su participación como accionista.

Iniciando con quien más ingresos tuvo, aparece Tomasina Pascual Fanit, quien asumió poco después del 16 de agosto de 2020. Abinader la designó por el decreto 330-20 como viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Cuatro meses y medio después, el 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Agricultura adjudicó a Mucar, SRL, la remodelación de su Departamento de Economía Agropecuaria por RD$1,999,809.

Esta empresa, según los registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgcp), tiene como accionista a Tomasina, de acuerdo con su declaración jurada de patrimonio, y está a nombre de su hija, quien en la actualidad ocupa un cargo en la Dirección General de Bienes Nacionales.

El 23 de enero de 2023, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial le adjudicó a la misma empresa la construcción y reconstrucción de obras deportivas, comunitarias y eclesiásticas a nivel nacional por RD$18,791,249.

Y el 8 de diciembre de 2025, el Ministerio de Deportes le adjudicó la reconstrucción de instalaciones deportivas en La Vega, Peravia, Bonao y el Gran Santo Domingo por RD$32,879,852, en un proceso dirigido a mipymes.

Son los únicos tres contratos que Mucar, SRL registra en el portal de Contrataciones Públicas, totalizando RD$53,670,910. Los tres, posteriores a la juramentación de la viceministra. Tras este último, y antes de la suspensión del registro de proveedor, la entidad no tuvo nuevos contratos.

En el segundo puesto aparece Gloria Claritza Guevara Arboleda, hoy cónsul general en Valencia, España, pero previamente nombrada como viceministra del Ministerio de Educación, también poco después de que Abinader asumió la presidencia en el año 2020.

A Gloria se le vincula con la empresa “Funeraria Jerusalén, SRL”, la cual aparece en su declaración jurada de patrimonio, donde también se ve que es uno de sus descendientes el encargado de llevar el negocio familiar.

El primer contrato obtenido fue el 10 de agosto de 2022. En ese entonces el Ministerio de Salud Pública contrató a la empresa para un “servicio de alquiler de funeraria”, un proceso similar que tuvo en su segundo proceso con la Autoridad Portuaria Dominicana menos de un mes más tarde, el 5 de septiembre.

Ya en diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Salud Pública volvió a buscar sus servicios, pero esta vez para la conservación y cuidado de cadáveres del Instituto de Patología Forenses. Los contratos que obtuvo fueron todos en el año 2022 y la empresa obtuvo ganancias de RD$4,068,000.

Los funcionarios

En la lista aparece el nombre de Milton Morrison, quien ha ocupado, hasta el momento, los cargos de gerente general de Edesur Dominicana y director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), estando en la nómina del Estado desde inicios del gobierno actual.

Su nombre aparece vinculado a una empresa suspendida para contratar con el Estado, ya que es accionista en Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL, entidad comercial que dirige un familiar de este.

Mientras la pasada ley de contrataciones públicas estuvo vigente, la empresa de Morrison logró dos contratos que totalizaron un monto superior a los RD$ 3 millones de pesos, ambos adjudicados por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

El primero de ellos en el año 2021 para la “renovación y actualización de licenciamiento de software especializado” y el otro tres meses más tarde con la finalidad de “adquisición de nuevas licencias de software especializado para cálculo y análisis estructural”.

La empresa Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL, así como otras que figuran en la declaración jurada de patrimonio más reciente de Milton, ya están con estatus de “suspendidas” en la plataforma de la Dgcp.

Siguiendo los montos que superan el millón de pesos, está la empresa “Aracena y Ramos, SRL”, del hoy embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas. En su declaración jurada no aparece rastro de tener acciones o vinculaciones con la empresa; sin embargo, su hermano es gerente de la empresa en cuestión, que fue suspendida.

La empresa vinculada al hoy embajador obtuvo un contrato con el Ministerio de Cultura el 25 de septiembre de 2025 para la “adquisición de puertas y ventanas para la escuela de Bellas Artes de Puerto Plata” por un valor contratado de RD$1 millón 379 mil.

Publicidad y servicios

El caso de Maximiliana Manzueta Morel difiere del resto. La empresa a la cual se le vincula: “Entre Tres, SRL” tiene en su registro de la Dgcp su propio nombre como contacto de la entidad comercial.

Maximiliana está vinculada al sector público desde el año 2021. Según registros, primero estuvo en Edesur como gerente y luego pasó al Intrant, donde funge como directora de la Escuela Nacional de Educación Vial desde 2024.

Durante su estadía en el Intrant, el Ministerio de Turismo la benefició con tres contratos para la colocación de publicidad mediante medios de comunicación, cada uno por un monto de RD$120 mil pesos.

En la rama de publicidad también aparece otro caso disruptivo: Braulio Mejía Morales, un regidor de Villa Hermosa, La Romana, quien fue electo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2024-2028 y, a pesar de su cargo, recibió un contrato para la colocación de publicidad.

Braulio está registrado como persona física según la Dgcp y la misma plataforma tiene registro de un contrato adjudicado al regidor el 20 de mayo de 2025 por RD$118 mil pesos, otorgado por la Dirección de Prensa del Presidente.

Un servicio parecido ofreció la empresa Camino Deportivo Comunicaciones (Cadeco), SRL, vinculada a Alexis Antonio Alcántara Dionicio, director del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

El 21 de agosto de 2025, la Opret contrató a la empresa vinculada con el funcionario para un “servicio de cobertura con equipo audiovisual y fotografía” por un monto adjudicado de RD$230 mil pesos. Un detalle es que Alexis no tiene registrada la empresa en su declaración jurada. No obstante, la Dgcp identificó un vínculo y la suspendió.

La lista también señala a Rafael Abraham Burgos Gómez, actual director de Bienes Nacionales, quien está relacionado con el Parque Cibernético de Santo Domingo. Según datos de la Dgcp, al menos un contrato coincidió con su estancia en el cargo: un servicio de capacitaciones para la Dirección General de Catastro Nacional por un monto de RD$180 mil el pasado 18 de agosto de 2025.

El funcionario que menos parte económica sacó a través de esta ventaja que ofrecía la antigua ley fue Francisco Manuel Pimentel Vásquez, nombrado consejero de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) en el año 2023.

Francisco, empresario de La Vega, se le vincula con la Ferretería Pimentel Vásquez El Progreso, S.A, la cual obtuvo múltiples contratos en el pasado para la compra de materiales por parte de instituciones públicas con sucursales en la provincia mencionada. De estos, solo 2 por un monto cercano a los RD$80 mil fueron adjudicados una vez que asumió el cargo.

Lo que decía la ley vieja

El artículo 14 de la Ley 340-06 enumeraba a quiénes se les prohibía contratar con el Estado, entre ellos el presidente y el vicepresidente; los ministros y viceministros; senadores y diputados; magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los alcaldes y regidores y los demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones del sector público.

La prohibición parecía firme, pero el numeral 6 del mismo artículo aflojaba todo: quedaban excluidas las empresas donde esos funcionarios tuvieran una participación superior al 10 por ciento del capital social. Es decir, por debajo de ese techo se podía seguir vendiéndole al Estado siendo ministro, senador o regidor.

La 340-06 se promulgó el 18 de agosto de 2006 y se modificó una sola vez, cuatro meses más tarde, por la Ley 449-06. Después vinieron tres reglamentos de aplicación, dos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y uno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sin embargo, ninguno tocó el artículo 14 hasta que se aprobó una nueva legislación.

La Ley 47-25 cerró cualquier posibilidad. Su artículo 38 prohíbe cualquier participación societaria de un funcionario electo o designado en una empresa proveedora del Estado, sin importar el porcentaje, y le impide además ejercer funciones de dirección o gerencia o integrar consejos de administración. Fue promulgada el 28 de julio de 2025 y entró en vigor a los 180 días.

El 13 de febrero de 2026, por la circular DGCP44-PNP-0001-2026, la Dgcp dio quince días hábiles a los funcionarios comprendidos en las nuevas causales para que solicitaran ellos mismos la suspensión de su registro.

En una nota de prensa del 5 de agosto, la DGCP explicó que las suspensiones «no revisten un carácter sancionador ni constituyen una medida punitiva contra los titulares del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sino que responden a una medida de naturaleza preventiva y administrativa cuya finalidad es asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley núm. 47-25».

Fuente  Listin  Diario