Viviendo enganchados: un desafío a la gravedad

Las casas parecen estar suspendidas sobre laderas, farallones y desniveles. En algunos casos sostenidas por delgadas columnas, desafían la gravedad. Durante años, en barrios del Gran Santo Domingo muchas familias han levantado sus viviendas en terrenos donde construir representa un riesgo permanente.

No es un problema exclusivo de la República Dominicana, se extienden a otras naciones de América Latina e incluso de Europa donde se construye en terrenos desnivelados, vulnerables y de difícil acceso con el peligro permanente de deslizamientos de tierra, sismos, crecida de ríos y cañadas.

En la República Dominicana, y en especial en el Gran Santo Domingo, la imagen se repite en sectores como Los Ríos, Cristo Rey, el ensanche Ozama, El Café, Los Mina, la Vieja Barquita, La Zurza, El Dique, Gualey, Simón Bolívar y Capotillo.

En algunos lugares, las viviendas se han ido extendiendo hacia terrenos inclinados o hacia los bordes de cañadas y farallones, en una búsqueda desesperada de espacio para vivir en una ciudad donde el suelo urbanizado resulta cada vez más costoso y escaso.

Son viviendas que, a simple vista, muestran las huellas de un proceso de construcción progresivo. Una habitación primero, luego, otra planta. Columnas agregadas con el tiempo y muros levantados donde antes había un terreno al aire libre.

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El resultado son estructuras prácticamente en el aire y cuya seguridad depende tanto de la resistencia de sus materiales como de la estabilidad del suelo donde fueron levantadas.

El arquitecto y urbanista Erick Dorrejo considera que esta realidad debe analizarse dentro de un proceso más amplio de migración hacia los centros urbanos. A su juicio, la falta de oportunidades en distintas zonas del país ha empujado durante décadas a familias hacia las ciudades en busca de empleo y medios de vida.

La ciudad creció más rápido que su capacidad para ordenar el territorio

Para el urbanista, el problema no termina en la necesidad de una vivienda. También está relacionado con la manera en que se ha ocupado el suelo y con la limitada fiscalización de muchas construcciones.

Dorrejo sostiene que una parte importante de las edificaciones se levanta al margen de los mecanismos formales de supervisión. El proceso, explica, debería involucrar al Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías, el Ministerio de la Vivienda y otras entidades.

La consecuencia es que muchas familias terminan construyendo donde encuentran un espacio disponible, sin estudios suficientes sobre la capacidad del terreno, sin diseños adecuados para las condiciones del lugar y, en algunos casos, sin cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de la edificación.

«No es solamente el tipo de construcción, sino dónde se construye y esa combinación de ambos es mortal», advierte el arquitecto y urbanista.

El problema, por tanto, tiene dos caras: una vivienda puede presentar deficiencias estructurales, pero también puede ser peligrosa simplemente porque fue levantada sobre un suelo que no ofrece condiciones apropiadas para soportarla.

En las laderas, esa combinación se vuelve todavía más delicada. Si la lluvia satura el terreno y causa movimientos de tierra, mientras que un terremoto somete las estructuras a fuerzas para las cuales no fueron diseñadas.

Entiende que los barrios informales pueden ser intervenidos y mejorados, pero considera indispensable establecer reglas mínimas sobre las construcciones, el espacio público y las características del terreno.

Una deuda que viene de décadas

El director ejecutivo de la Asociación Ciudad Alternativa, Ricardo González Camacho, relaciona esta realidad con el crecimiento acelerado de las ciudades y con décadas de migración de familias desde las zonas rurales hacia los centros urbanos.

Explica que desde finales de los años 70 y durante las décadas siguientes se produjo una fuerte transformación económica y territorial. Muchas personas dejaron las zonas rurales para buscar empleos en las zonas francas, industrias, comercios y servicios.

Las ciudades, sin embargo, no crecieron al mismo ritmo en términos de vivienda, infraestructura y servicios.

La población que no pudo acceder al suelo formal terminó ocupando espacios que habían quedado disponibles: orillas de ríos, cañadas, farallones, terrenos inundables y otras áreas consideradas de alta vulnerabilidad.

«Cuando la gente llega a las ciudades, no porque le gustara vivir ahí, sino porque era lo que quedaba sin urbanizar«, explica González Camacho.

Autoconstrucción y viviendas que crecieron con las familias

Una característica de estos sectores es la autoconstrucción. Las familias levantan sus viviendas poco a poco, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Una habitación puede convertirse con los años en una vivienda de dos o tres niveles. Una estructura inicialmente concebida para una planta puede terminar soportando ampliaciones para las que no fue diseñada.

González Camacho señala que una parte importante del déficit habitacional dominicano está relacionada con viviendas que necesitan ser reparadas, mejoradas o reubicadas, más que con la simple falta de nuevas unidades habitacionales.

Esto plantea una diferencia fundamental: no siempre se trata de construir una vivienda nueva. En algunos casos se necesita mejorar la existente; en otros, intervenir el entorno; y en los casos de mayor peligro, trasladar a las familias a lugares seguros.

El terremoto que permanece como amenaza

En el Gran Santo Domingo, el riesgo sísmico añade otra preocupación. Las viviendas levantadas sobre terrenos inestables pueden enfrentar una situación especialmente delicada durante un terremoto si el movimiento del suelo es capaz de comprometer estructuras que ya presentan deficiencias y, además, desencadenar deslizamientos en terrenos inclinados.

Dorrejo considera que el país no debe esperar a que ocurra una gran tragedia para comenzar a conocer y ordenar las viviendas que ya existen. Su propuesta parte de saber cuántas viviendas hay, dónde están y en qué condiciones se encuentran.

Plantea crear un registro de las edificaciones que funcione como una especie de «certificado de nacimiento» de cada inmueble. La Alcaldía sería responsable de registrar las viviendas y construir, a partir de esa información, un mapa de las edificaciones existentes.

La segunda etapa, sostiene, sería identificar cuáles se encuentran en zonas vulnerables: próximas a ríos, farallones, áreas inundables u otros puntos de peligro, después vendría la evaluación de las condiciones constructivas: determinar cuáles cuentan con licencia, cuáles fueron levantadas siguiendo los procedimientos establecidos y cuáles presentan deficiencias que deben ser corregidas.

«Estos tres pasos yo creo que nos pueden ayudar a anticiparnos a lo que puede venir», sostiene.

González Camacho advierte que muchas familias se resisten a abandonar sus barrios porque allí tienen sus empleos, pequeños negocios, familiares, vecinos y redes de solidaridad.

Una persona puede vivir en un barrio desde hace décadas y depender económicamente de actividades que realiza en ese mismo entorno, por eso, explica, una reubicación que no tome en cuenta esas condiciones corre el riesgo de terminar generando nuevas dificultades.

El dirigente comunitario pone como ejemplo casos de familias trasladadas a lugares más alejados de sus empleos, donde aumentaron sus gastos de transporte y algunas terminaron abandonando sus trabajos. «La gente no vive solamente de un empleo; vive de buscarse la vida», afirma.

La ciudad frente a una decisión pendiente

Las viviendas que cuelgan de una ladera, sostenidas por columnas que parecen insuficientes para el peso que soportan, son la expresión visible de un problema mucho más profundo.

Detrás de cada familia que necesitó un lugar donde vivir; una ciudad que creció de manera acelerada; un mercado de suelo al que muchos no pudieron acceder; décadas de migración interna; autoconstrucción; falta de planificación y, en algunos casos, ausencia de controles efectivos.

El desafío ya no es solamente impedir que continúe la ocupación de terrenos peligrosos, es también, determinar qué hacer con las familias que ya viven allí y mientras esas decisiones se posponen, algunas viviendas continúan creciendo hacia arriba y hacia los bordes, enganchados en las laderas.

Fuente  Diario  Libre