Amnistía culpa Daniel Ortega de represión letal Nicaragua
Amnistía Internacional (AI) culpó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión “en ocasiones intencionalmente letal” y elevó a 83 el número de muertos durante la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Según el informe “Disparar a matar”, presentado ayer por esta organización en Managua, “existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta”.
De acuerdo con el estudio, “no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”.
“Estamos frente a una política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado contra los manifestantes”, indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Pese a que la sociedad nicaragüense deposita todas sus esperanzas en la reanudación del diálogo nacional, todavía sin convocar, la directora de AI mostró su desconfianza con la postura del Gobierno. “Hay poca confianza en que el Gobierno, y particularmente el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, tenga una verdadera voluntad de buscar una solución pacífica y duradera”, señaló Guevara.
El informe presentado ayer fue realizado en Nicaragua por un equipo de expertos de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados “para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos” en las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí. La misión realizó más de 30 entrevistas, y el estudio y documentación de 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas. Durante su investigación, la organización identificó, entre otros, un discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno hacia los manifestantes, y la utilización de grupos parapoliciales.
Fuente: Periodico Hoy